El Pleno del Senado de la República conoció de primera lectura el proyecto de decreto para incrementar las sanciones por robo de hidrocarburos, el cual fue aprobado hace un año por la Cámara de Diputados y turnado a la Cámara alta.
El dictamen plantea una pena de 20 a 30 años de prisión a quien sin derecho ni consentimiento sustraiga, aproveche, compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice, resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre, oculte, altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Propone también de 17 a 25 años de cárcel para el que directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.
Las reformas a diversos artículos de este ordenamiento buscan, entre otras sanciones, imponer de 10 a 15 años de prisión al que invada las áreas de exclusión a bordo de una embarcación y que utilice bandera o matrícula apócrifa simulando su propiedad a favor de algún asignatario, contratista, permisionario, distribuidor o naviero.
El dictamen a la minuta que envió la Cámara de Diputados también sustituye las alusiones al salario mínimo y por la Unidad de Medida y Actualización en los tipos penales contenidos de la Ley.
De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos 8 años Pemex ha perdido 4,386 millones de litros de combustible, por fugas y robo que se concentran en 10 ductos, principalmente en Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz.
