El sector empresarial y el Gobierno de México se pronunciaron enérgicamente en contra de la iniciativa de ley Build Back Better Act, con la cual consumidores de Estados Unidos podrían acceder a créditos fiscales de hasta 12,500 pesos al adquirir vehículos eléctricos producidos en ese país.
El crédito fiscal Build Back Better Act, aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, espera la luz verde en el Senado de ese país el próximo 13 de diciembre; en el trayecto, los socios comerciales del T-MEC han alzado la voz para pedir que no sea aprobado.
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¿Cuáles son las implicaciones para México?, participantes en la industria automotriz del país refirieron que más allá de dañar propiamente la producción de México, Estados Unidos y otros países, sus repercusiones pueden derivar en una disputa comercial por violar las reglas del T-MEC y de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Alberto Bustamante, presidente ejecutivo interino de la Industria Nacional de Autopartes (INA), explicó que la iniciativa Build Back Better Act es violatoria del T-MEC y de las reglas de la OMC, al dar preferencia o incentivos fiscales a la gente para que compren vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos.
Explicó que un primer inciso prevé un incentivo por 7,500 dólares para quienes adquieran un vehículo eléctrico, aspecto que contribuye a la meta del Gobierno de Joe Biden para que en 2030, la mitad de las unidades vendidas en Estados Unidos sean de ese tipo.
Sin embargo, incluye dos incentivos adicionales, se trata de 4,500 dólares para los vehículos eléctricos ensamblados en plantas que operan con un contrato colectivo de trabajo negociado por un sindicato.
Más un tercer incentivo, de 500 dólares, para los eléctricos que utilizan baterías fabricadas con al menos 50% de componentes provenientes de Estados Unidos. Así, las unidades que cuenten con los tres requisitos tendrán un apoyo fiscal de hasta 12,500 dólares.
El incentivo fiscal es muy atractivo y eso lo hace peligroso. Sin embargo, al limitarlo a los vehículos ensamblados en Estados Unidos y fabricados por los empleados protegidos por un sindicato (…) hablamos de que solo dos de más de 50 vehículos calificarían para el crédito fiscal completo”.
Alberto Bustamante, presidente ejecutivo interino de INA.
En su turno, Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), sostuvo que Build Back Better Act es una medida discriminatoria de los vehículos producidos en otros países y fuera de la región.
Es una medida discriminatoria con la cual no estaríamos de acuerdo y nos parece que la postura del Gobierno mexicano ha sido la adecuada. En el caso de pensar en posibles medidas de represión por la imposición de esta medida, no es nada a donde queremos ir después de la firma del T-MEC”.
Fausto Cuevas, director de AMIA.
Añadió que, de aprobarse los incentivos fiscales para vehículos eléctricos en las condiciones planteadas, México podría imponer aranceles a la importación de productos estadounidenses que pudieran tener un valor equivalente a la afectación generada para la industria.
Sin embargo, descartó que esa sea una solución, “porque nos llevaría a una guerra comercial que no beneficia y lo que realmente estamos buscando es la integración regional de la industria”, dijo.
El líder de la AMIA expuso que, de enero a noviembre, México exportó 60,766 unidades eléctricas desarrolladas por Ford. Sin embargo, Build Back Better Act es una medida con visión hacia 2030, lo cual tiene implicaciones de largo plazo para la naciente industria de eléctricos en este país.
Hay recordar la inversión que anunció General Motors, la cual que está en proceso para fabricar autos eléctricos y que estaría operando hacia 2023; sería una operación adicional que podría verse afectada”, advirtió.
En tanto, Alberto Bustamante añadió dos aspectos relevantes sobre los incentivos fiscales en Estados Unidos. El primero es que al tener una “dramática limitación” obligará a muchos consumidores a reconsiderar y comprar los vehículos tradicionales a gasolina.
El segundo punto es que al limitarse a unos pocos vehículos –los fabricados con participación de un sindicato y con la restricción de las baterías– limita los vehículos eléctricos disponibles para que los consumidores elijan, creando con ello otra barrera de entrada para los nuevos consumidores que quizá no puedan encontrar un vehículo que se adapte a sus necesidades.
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En días pasados, Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía (SE) expuso que de aprobarse la iniciativa de créditos fiscales en el Senado, México recurrirá a instrumentos legales a su disposición para hacer valer sus derechos.
Clouthier expuso que no sería la primera vez en que México responde con aranceles a las decisiones proteccionistas de Estados Unidos: tendríamos que plantear algo importante y estratégico para aquellos productos, en aquellos lugares donde también duele hacia el otro lado, dar tiros de precisión para que las consecuencias se sientan”.
Al respecto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) respaldó la postura del Gobierno de México ante el crédito fiscal para vehículos eléctricos que el Senado votará el próximo 13 de noviembre.
En tanto, la industria automotriz de México, Estados Unidos y Canadá enviará en los próximos días a La Casa Blanca y al Congreso de Estados Unidos un escrito en el cual dan los motivos del porqué se tiene que modificar esa ley y solo sujetarse a dar incentivos fiscales a los vehículos eléctricos sin importar dónde son fabricados.
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