La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial define el camino para avanzar en la reducción de muertes y lesiones por accidentes viales, así como en la creación de urbes inclusivas y con mejores servicios de transporte público para la población; además, cerró la puerta a la sobrerregulación del autotransporte federal de carga en estados y municipios.
Después de un largo proceso legislativo, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial surgió con reformas a los artículos 31, 44 y 48 que ponen reglas claras para el sector, tanto en carga como en pasaje y turismo.
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Los cambios precisan que los estados y municipios deberán evitar sobrerregular y gravar los servicios de autotransporte federal, transporte privado y servicios auxiliares, tarea que está en manos de reglas expedidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Leonardo Gómez Vargas, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), declara en entrevista que las precisiones en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial surgieron ante el gran número de permisos que a nivel local se solicitan al autotransporte federal de carga, los cuales han perjudicado de manera considerable la logística y la distribución de mercancías.
Ahora, añade, entre las tareas que se desarrollarán –ya con la Ley en marcha– está el establecer mesas de trabajo con autoridades de los distintos niveles para regular y ordenar la circulación del autotransporte federal sin restringirlo.
Otro acierto es la reforma al artículo 52 de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para que las licencias de conducir cualquier tipo de vehículo puedan presentarse en cualquier punto del territorio nacional de forma impresa en material plástico o de manera digital.
Entre los aspectos incluidos en las reglas que deben ser adoptadas por la federación, los estados y municipios, se estableció que, para tener una movilidad en tiempo y forma, es importante contar con paradores seguros. Además, incluye la vigilancia en el cumplimiento de la norma, en cuanto a los periodos de conducción y descanso.
Visión integral en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
Asimismo, se establece la creación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, mecanismo que tendrá una presidencia rotativa entre la Sedatu y la SICT, y estará integrado por autoridades competentes de los tres órdenes de Gobierno y por sectores de la sociedad.
Su objetivo es que, a través de la coordinación de los distintos actores, se cumpla con los principios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En sus manos está el establecer las bases de planeación, operación, funcionamiento y evaluación de las políticas en materia de movilidad y seguridad vial.
Jonadab Martínez García, actual director General de Seguridad Vial de Jalisco, y quien ha contribuido con aspectos de movilidad en el proceso de conformación de la Ley, explica para TyT que se trata de una autoridad que va a regir o coordinar a los estados, los cuales deberán homologar sus legislaciones en la materia.
Reconoció que es un avance importante, ya que existen entidades federativas donde todavía no hay sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o solo se aplica una multa, mas no se procede a la retención vehicular, como lo establece ahora la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Añade que un tema urgente que se incluye es la perspectiva de género, ya que las ciudades fueron construidas con una visión masculina, y esta Ley tiene la misión de incluir a todos los que participan dentro de la vía pública.
Entre los aspectos relevantes con que debió nacer la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, está la instalación de escuelas de manejo donde no las hay, o la construcción de nuevos centros en aquellos estados donde son insuficientes para la impartición de cursos en el proceso de obtención de licencias.
A lo anterior se suma la necesidad de actualizar las NOM de seguridad para vehículos, ya que es posible ir a una agencia y adquirir unidades sin bolsas de aire o que no tienen frenos ABS, como lo establece la norma mundial.
Otra de las demandas de los transportistas es el financiamiento para la adquisición de unidades pesadas más modernas; sin embargo, la renovación vehicular se incluye como un aspecto normativo, pero no obligatorio para las autoridades.
Como se previó, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que entrará en vigor este año, nació sin recursos económicos para su implementación. Al respecto, Martínez García sostiene que un punto clave es que ya existe la Ley y, como no es coercitiva, se tiene que crear una bolsa económica para que Sedatu diga “aquí hay dinero, una bolsa, para que a los estados que cumplan con la legislación se les dé apoyo”, concluye.
