La Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó formalmente a la Secretaría de Economía (SE) de México un panel laboral de respuesta rápida para determinar si hay conflicto laboral por denegación de derechos de libertad sindical y negociación colectiva en la mina San Martín en Sombrerete, Zacatecas.
La solicitud se da luego que el pasado 1 de agosto, el gobierno mexicano determinó que el caso se encuentra fuera del ámbito del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), el cual es un procedimiento de resolución de controversias incluido en Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para reforzar el cumplimiento de los compromisos laborales asumidos.
Anteriormente, México apuntó que el principio de irretroactividad de la ley debido a que el conflicto en la huelga de la mina San Martín inició en 2007, antes de la entrada en vigor del T-Mec (2020).
Después de 16 años de litigio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió una resolución el 9 de junio de 2023 que dejó sin efecto el acuerdo de dicho organismo emitido en 2018 que daba por terminada la huelga tras firmar un convenio entre Grupo México y el sindicato.
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El pasado 14 de junio, el organismo determinó que Grupo México tiene un laudo a favor del sindicato minero, mismo que reconoce a éste como titular del contrato colectivo.
Asimismo, declara como responsable de causar la huelga a la firma propiedad de Germán Larrea, por lo que debe pagar salario caídos y prestaciones para dar por terminado el paro.
De igual manera, la Secretaría de Economía señaló que otro factor es que no hay evidencia que la mina San Martín exporte mercancías a EU.
Además, agregó que este conflicto ya fue analizado por instancias nacionales, razón por la que no sería aceptable una interferencia bajo el T-Mec.
EU y el panel laboral
Pese a la resolución del gobierno de México, EU alegó que la mina San Martín había reanudado operaciones aunque tenía una huelga en curso.
De igual manera, Estados Unidos argumentó que había pruebas sobre una negación de derechos laborales a los mineros y justificó la revisión del caso.
México realizó una investigación de 45 días y concluyó que no existía ninguna violación o negación de derechos, pero EU no estuvo de acuerdo y solicitó el panel laboral.
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