Tras un largo tiempo de negociación e intenso debate, la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU, por sus siglas en inglés) celebró los acuerdos alcanzados el fin de semana por las autoridades europeas sobre el régimen de comercio de derechos de emisión (ETS) para edificios y carreteras (ETS II), al considerar que prevaleció el «pragmatismo» y se logró una fecha de inicio «más realista».

A través de un comunicado, el organismo transportista reconoció la labor del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea llegaron a un acuerdo es pasado fin de semana, el cual señala que bajo dicho régimen operarán los distribuidores de combustible a los edificios y al transporte terrestre, así como otros sectores; y que parte de la recaudación será empleada para financiar hogares vulnerables y microempresas, a través del Fondo Social del Clima, un fondo que será establecido entre 2026 y 2032 y que contará con un presupuesto de 86,700 millones de euros.

Aunque no es lo ideal, el compromiso de los legisladores sobre el ETS II muestra que el pragmatismo puede prevalecer, incluso si el debate se calienta».

«Para llegar a esta posición, hemos recorrido un largo camino, especialmente si observamos propuestas anteriores con fechas de inicio poco realistas o diferenciaciones poco prácticas entre vehículos privados y comerciales para propósitos de ETS II”, señaló Raluca Marian, directora de Defensa de la UE de la IRU.

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El gremio destacó también que se tenga una fecha de inicio «más realista» y que se haya logrado un «ETS II inclusivo», aspectos clave que ha señalado a las autoridades desde el inicio de las negociaciones.

Precisó que una medida inclusiva es «el único enfoque aceptable», ya que la opción de solo involucrar a los vehículos comerciales enviaría una señal contraproducente a ciudadanos y empresas de la UE en contra del papel vital del transporte público, la movilidad colectiva y el transporte eficiente de mercancías en la ecologización de las carreteras; además de que sería «difícil de hacer cumplir».

Respecto a la fecha de inicio, celebró que fuera aplazada de 2024 a 2027, lo que consideró una opción «más realista», en comparación con las propuestas apoyadas por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea; y también destacó la inclusión adicional de una cláusula para posponer ETS II hasta 2028 si los precios de la energía son excepcionalmente altos.

La IRU se oponía al inicio del ETS II en una fecha antes de 2027, al considerar que las alternativas a las tecnologías emisoras de carbono y la infraestructura relacionada no estarán listas para esas fechas, por lo que era necesario contar con el tiempo suficiente para adaptarse; además de que debía alinearse con la legislación de infraestructura de combustible alternativo que se está discutiendo actualmente.

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Además, la asociación acogió con beneplácito la inserción de un precio tope para las asignaciones de ETS, combinado con un mecanismo para garantizar que los precios no aumenten demasiado, incluso si están por debajo del precio tope.

“El compromiso alcanzado demuestra el progreso realizado por los legisladores de la UE en la comprensión de la influencia que las circunstancias externas, como los altos precios de la energía, tienen en la capacidad de hacer frente a los costos en constante aumento”, agregó Marian.

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