El diputado Francisco Javier Borrego Adame, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa para la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Autotransporte, con lo que se busca mitigar la inseguridad y el robo de mercancías en carreteras de México.
La iniciativa plantea realizar modificaciones a la Ley de la Fiscalía General de la República, con el objetivo de que el nuevo organismo se encargue de la investigación y persecución de los delitos contra el autotransporte previstos en el Código Penal Federal y la Ley de Vías Generales de Comunicación.
“Con ello, se lograría aumentar no sólo el número de consignaciones de personas detenidas por el robo al autotransporte de carga, sino conseguir sentencias condenatorias que ayuden a privar de la libertad a los delincuentes”, destacó el documento.
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Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de enero a mayo de 2023 se han cometido 3,947 robos a transportistas en todo el país, lo que significó un incremento de 11.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado, además de que 3,419 robos fueron con violencia, es decir el 80%.
De acuerdo con el diputado Borrego Adame, acciones como la privación de libertad a quienes roben carga del autotransporte federal ayudará a disuadir el delito y a que otras personas no lo comentan.
La propuesta plantea además la importancia de la creación de una fiscalía especializada para garantizar la seguridad del autotransporte de carga federal, ya que el robo de mercancías repercute en la economía nacional, en el Producto Interno Bruto, en la generación de empleos, en toda la cadena logística, así como en el precio final de los productos.
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“De conformidad con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el transporte de carga tiene relación en 101 de las 262 ramas económicas, es decir, que la afectación económica ocasionada por la inseguridad en el autotransporte tiene un impacto directo casi en la mitad de la economía nacional”, destacó la iniciativa que ya es analizada por la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados.
Por Xanath Lastiri
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