En las negociaciones para concretar el programa de combate a la inflación y a la carestía del Presidente Andrés Manuel López Obrador y los privados han puesto sobre la mesa la necesidad de reducir los costos para los transportistas.  

En su análisis semanal, el Centro de Estudios del Económico del Sector Privado (CEESP) informó que  se han propuesto acciones como incrementar la vigilancia carretera, revisar el peaje e incluso las normas de pesos y medidas para el autotransporte. 

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En las reuniones se consideraron varios temas que pueden aligerar la presión sobre los precios, como evitar incrementos del costo de los combustibles, medidas para impulsar la producción de granos, seguridad en las carreteras, exención de la carta porte, control de las tarifas de peaje (….)”

Así, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han solicitado atender problemáticas que aquejan los bolsillos de los transportistas, como parte de la estrategia del Gobierno de AMLO para combatir la inflación y la carestía. 

La inseguridad es uno de los retos relevantes, para ello solicitaron poner en marcha operativos reforzados para combatir los robos y cobros de piso en el autotransporte. 

Se incluye también evitar o contener aumentos en el peaje de autopistas, así como revisar las cláusulas de las concesiones para identificar oportunidades. Es decir, detectar cobros superiores en casetas. 

Otro aspecto es la exención de las facturas digitales con complemento Carta Porte, requisito del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que para su cumplimiento ha requerido de contratación de nuevos servicios por parte de los transportistas y generadores de carga, en un contexto de elevada inflación. 

En la parte de regulación y normatividad, el sector privado instó a evaluar los pesos y medidas en el autotransporte, que pueden afectar los costos de los fletes.

En su análisis sobre la viabilidad del programa de combate a la inflación y a la carestía, el cual busca reducir y contener los precios de 24 productos de la canasta básica durante seis meses, el CEESP consideró que tiene pocas posibilidades de ser exitoso en reducir sensiblemente la inflación. 

Lo anterior, debido a que los 24 productos en los que se centra la solicitud del gobierno son en su mayoría solamente parte de los genéricos correspondientes del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que en su totalidad apenas explican una cuarta parte de la inflación anual.

Con la información disponible de las intenciones del gobierno, intentar la prevalencia de un solo precio para el conjunto de mercancías anunciado sería posible sólo mediante un control de precios”. 

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Ante el panorama, los analistas del sector privado proponen un plan integral que incluye, además de la reducción de los costos logísticos, mejoras en la regulación y normatividad para el campo, así como un papel más activo de la banca de desarrollo para los productores en el país. 

Contra la inflación, añaden, también es necesaria la entrada en vigor de un tratado de libre comercio con Europa (TLCUEM), el cual se prevé genere mayor acceso a lácteos y cárnicos y nuevas oportunidades para productos en los que México tiene ventajas comparativas.

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