Debido a la incertidumbre jurídica causada por las variaciones que existen entre los diversos reglamentos de tránsito aprobados en los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey, la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) informó que se encuentran preparados para presentar nuevos amparos, a fin de evitar que estas normatividades impacten negativamente en la operación de sus afiliados.
Durante la emisión semanal de ANTP Radio, la organización señaló que pese a las negociaciones que han realizado y aunque los reglamentos ya publicados entrarán en vigor el 1 de enero, las autoridades no han brindado certeza acerca de los costos y procedimientos que deberán realizar para obtener permisos de circulación en vialidades específicas de los municipios.
Recordaron que aunque se había establecido que las medidas serían homologadas, hasta ahora los ordenamientos publicados establecen disposiciones diferentes, por lo que en el caso de los costos de los permisos de circulación, se tendría que pagar una tarifa mensual por unidad y por municipio en el que requiera transitar.
El costo, señalaron, además de excesivo, es totalmente discrecional, pues en los reglamentos sólo establecen una cuota que oscila entre los 100 y los 5,000 pesos, sin especificar de qué dependerá el cobro de una u otra suma.
Agregaron que en el caso del municipio de Juárez, el ordenamiento recién publicado ni siquiera contempla una tarifa diferente para los vehículos de reparto y distribución, por lo que se puede suponer que sus propietarios tendrán que pagar la misma cuota que los dueños de unidades más grandes, a diferencia de lo dispuesto en los reglamentos de Guadalupe y San Nicolás, donde el cobro establecido va de los 100 a los 2,000 pesos.
Asimismo, explicaron que aunque en los reglamentos sí se menciona que los recursos recaudados mediante este proceso deberán ser invertidos en mejorar la infraestructura de los municipios, no se ha determinado un mecanismo que permita comprobar que esto suceda efectivamente.
Por lo tanto, reiteraron su postura acerca de que estos ordenamientos son una medida meramente recaudatoria y que dados los vacíos legales que existen en estas disposiciones, lo más conveniente será ampararse para evitar afectaciones a la circulación de las unidades de sus agremiados.
