La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) invitó a la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) a formar parte de la primera reunión nacional para definir las prioridades de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Durante el foro “¿Qué sigue después de la Ley General de Movilidad?”, Roxana Montealegre, directora de Movilidad en la Sedatu, reconoció que el transporte público es la columna vertebral en la estrategia de movilidad.
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Observamos que sí hay factores de desarrollo muy definidos a partir de la Ley General, pero desde Sedatu tenemos la clara convicción de que el transporte público tiene que ser un elemento fundamental de trabajo y ahí la Canapat, el transporte público en general, las entidades y las autoridades tenemos que ponernos de acuerdo para que efectivamente nos encaminemos en la mejora que para nosotros es la columna vertebral de la movilidad”.
Uno de los siguientes pasos a seguir es la instauración del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, el cual tiene como objetivo cumplir con la Ley y el Plan Nacional de Desarrollo.
Para lo cual habrá un primer encuentro para el próximo 16 de junio, al que Canapat fue invitada para delinear la instauración de este mecanismo de coordinación entre autoridades, sociedad civil e iniciativa privada.
La funcionaria federal detalló que, dependiendo la región del país, alrededor de 75% de la población mexicana usa transporte público para movilizarse, “es una mayoría a la que hay que atender”, dijo.
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Al foro también asistió Moisés López Cantú, especialista en movilidad del transporte, quien refirió que para que la Ley realmente cumpla su función, la federación, e estados y municipios deben comenzar a aplicar recursos para hacer acciones como la construcción de banquetas.
Añadió que históricamente los Gobiernos han invertido en infraestructura para vehículos, para que vayan más velocidad y eso al final de cuentas repercute en más muertes de tránsito.
El especialista expuso que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial debe contar con recursos y con un replanteamiento de hacia dónde se tienen qué dirigir.
En tanto, Alejandra Leal, integrante de la Coalición Movilidad Segura, reconoció que en la conformación de la Ley participaron mujeres no solo para que tenga perspectiva de género, sino para que sea universal.
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Es decir, que contemple la construcción de zonas de fácil acceso para personas con discapacidad, y que sean seguras para todos.
Sostuvo que la Ley recién publicada avanzó al establecer límites máximos de velocidad, medida que ayudará a proteger vidas y a quienes van por la calle con la responsabilidad de cuidar a niños o personas adultas mayores.
Alfonso Vélez, especialista en ciudades inteligentes, concedió en la relevancia de establecer niveles máximos de velocidad por vialidades y tipo de transportes.
Adicionalmente, reconoció que la movilidad y seguridad vial son temas de polarización política, aunque en el caso de México, la Ley General fue aprobada por unanimidad.
Expuso que la Ley General requerirá de una especial coordinación entre municipios, además de que propuso que el análisis del 16 de junio parta de la experiencia y casos de éxito de las localidades.
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