El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un segundo aviso del decreto que declara de utilidad pública las instalaciones de Grupo México Transportes (GMXT).
Este documento insiste en la ocupación temporal por parte de la Secretaría de Marina a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., respecto de los derechos y bienes otorgados a Ferrosur en los tramos de Medias Aguas a Coatzacoalcos; de Hibueras a Minatitlán, y de Coatzacoalcos a El Chapo, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
¿Qué significa esta segunda publicación?
De acuerdo con la Ley de Expropiación, en los casos en los que se determina utilidad pública con base en dictámenes técnicos correspondientes, el Estado deberá publicarla en el DOF y notificar personalmente a los titulares de los bienes y derechos que resultarían afectados.
En caso de ignorarse quiénes son los titulares o bien su domicilio o localización, la segunda publicación en el DOF fungirá como notificación personal, misma que deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la primera publicación, la cual en este caso fue el pasado 19 de mayo.
Con esta segunda publicación, GMXT tiene un plazo de 15 días hábiles para manifestar ante la Secretaría de Estado correspondiente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas que estimen pertinentes.
Cabe mencionar que el Presidente López Obrador comentó que GMXT le propuso a su Gobierno pagar 9,500 millones de pesos para operar la vía concesionada de Ferrosur, lo que el mandatario calificó como un abuso.
Por su parte, GMXT definió este movimiento como una “sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas” y manifestó su disposición de acudir a las negociaciones en busca de un buen acuerdo para ambas partes.
Asimismo, informó que sus inversionistas y asesores continúan analizando los alcances y efectos de esta ocupación por decreto, a fin de determinar las acciones que deba emprender.
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Un riesgo para la imagen del país
Tras estos hechos, el Consejo de Empresas Globales señaló que los hechos ocurridos en las instalaciones de Ferrosur representan un grave riesgo para la imagen del país en el corto y largo plazo.
Se trata, compartió en un comunicado, de un hecho que envía un mensaje equivocado pues pone en duda el respeto a las garantías constitucionales y a los marcos jurídicos que protegen la inversión: “Es crucial que todo Gobierno se ajuste a la ley y evite tomar acciones que puedan ser percibidas como arbitrarias”.
El organismo destacó estos hechos en un contexto en el que México podría ser el receptor de dos a cuatro millones de empleos formales y cerca de 30,000 millones de dólares derivados del nearshoring.
Por ello, el Consejo de Empresas Globales exhortó al Gobierno federal a ser consciente de las consecuencias que pueden tener decisiones que vulneren el Estado de derecho, la confianza de los inversionistas y la reputación del país en el mundo.
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