Morena y sus aliados cumplieron con la quiniela y aprobaron en lo general la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la Ley Minera, nacionalizando el litio con el objetivo de proteger este metal de los intereses extranjeros.
A un día de recibir la propuesta del Ejecutivo federal, la Cámara de Diputados discutió a avaló el dictamen que modifica los artículos 1, 5, 9 y 10 de dicha ley, con la finalidad es establecer que el litio es patrimonio de la nación y que su exploración, explotación y aprovechamiento quedan exclusivamente a cargo del Estado.
Con 298 votos a favor, cero en contra y 197 abstenciones, los diputados avalaron la iniciativa que es vista como el “plan b” de AMLO tras el rechazo el pasado domingo de su reforma eléctrica.
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El presidente de la Mesa Directiva de San lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, señaló que para la discusión en lo particular se han presentado propuestas de modificación a la exposición de motivos, así como a los artículos 1, 5, 9, 10, primero transitorio, segundo transitorio y tercero transitorio del proyecto de decreto.
El documento declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia; además de que serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio.
«Reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México. Las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por la nación, a través del organismo público señalado en el artículo 10 de la Ley», explicó la Cámara de Diputados a través de un comunicado.
Asimismo, se detalló que el Servicio Geológico Mexicano auxiliará al organismo descentralizado encargado de la explotación del litio en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables, y en la explotación de este metal y de sus cadenas de valor.
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La exploración, explotación y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo federal en términos de las disposiciones aplicables. El cumplimiento de la legislación y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios será escrupuloso por parte de dicho organismo público.
Asimismo, se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a este ordenamiento; y el Ejecutivo emitirá, dentro de los 90 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el instrumento de creación del organismo público descentralizado.
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