La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial debe contar con un presupuesto de al menos 66 millones 600 mil pesos para el funcionamiento del Sistema Nacional, el cual se encuentra en proceso de formación y que coordinará las acciones entre las autoridades y la sociedad civil en materia de movilidad y seguridad vial.
Hace cinco años, la Comisión Especial de Movilidad de la Cámara de Diputados colocó sobre la mesa de trabajo una propuesta de presupuesto para la entonces discutida Ley General de Seguridad Vial.
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En el Proyecto de Decreto de la Ley General de Seguridad Vial, y con la asesoría del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, se planteó que la Ley debía nacer con recursos por 53 millones 588 mil pesos para el ejercicio de 2018, con el objetivo de dar viabilidad al funcionamiento de su eje rector: la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Finalmente, nació la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que entró en vigor el pasado 18 de mayo y con ello, los tres niveles de Gobierno y los sectores de la sociedad civil tienen como máximo 180 días para constituir y definir las reglas del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.
Para que este mecanismo de coordinación entre las autoridades, así como los distintos sectores de la sociedad civil, materialice los objetivos y principios de la Ley se le deben asignar 66 millones 646 mil pesos para 2023, al tomar en cuenta la inflación esperada para el próximo año.
Jonadab Martínez García, director General de Seguridad Vial de Jalisco y quien participó en el proceso de integración de la Ley General de Movilidad, expuso que su entrada en vigor ya fue un paso importante, ahora se debe dotar de recursos.
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Para que sea viable (LGMSV) y dé resultados, el Gobierno federal necesita ponerle presupuesto, de lo contrario, la Ley y el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial no cumplirán la expectativa deseada”.
Jonadab Martínez García, director General de Seguridad Vial de Jalisco.
El también activista señaló que el artículo sexto de los Transitorios, la Ley General establece que las erogaciones que se generen, con motivo de su entrada en vigor, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para los ejecutores del gasto, este año y los subsecuentes.
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