“La movilidad, como derecho, debe ser un aspecto fundamental en la planeación de las estructuras de transporte, pues toda persona debe tener la facultad de poder desplazarse de una forma segura y eficiente”, manifiesta Nicolás Rosales, Presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).

Este concepto, explica, es un fundamento legal que, además, promovió la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, un acopio de buenas intenciones que busca cambiar el paradigma de toda la pirámide, en la que el transporte público juega un papel crucial. 

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En entrevista para TyT, el directivo señala los aciertos de esta ley, como la perspectiva de género y el estatus de derecho constitucional de la movilidad y, específicamente en el renglón del transporte público, hay temas que sin duda también buscan mejoras, pero aún hace falta desmenuzar los cómo. Y así lo explica:

“En cualquier modelo de transporte público colectivo inmerso en temas de movilidad, es fundamental hacer un estudio y análisis del tipo de flota que se requiere, desde las especificaciones técnicas hasta cuestiones ambientales, y esto, sí o sí, debe venir acompañado de financiamiento, pues poco o nada se puede hacer sin recursos”, señala.

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No hay que olvidar, acota, que cerca del 70% de la población en las grandes ciudades de México y América Latina utiliza el transporte público y durante años, la política pública en materia de infraestructura, se ha enfocado en atender las necesidades del otro 30% y es por eso que, hoy, las vialidades están colapsadas, al igual que los servicios de transporte, puesto que no existen las condiciones necesarias para su óptimo funcionamiento. 

Dos factores clave para la implementación de la nueva ley de movilidad

A partir de la premisa anterior, Nicolás Rosales detalla que, para homologar el marco legal en las 32 entidades del país, hay que ser claros con dos temas: el primero tiene que ver con el Gobierno, pues cuando unos se van, ya no suelen trabajar, y cuando otros llegan, en muchos casos no conocen del tema. 

“Es por eso que la movilidad y el transporte público requieren personas técnicamente capacitadas para desarrollar estas funciones, ya que, de lo contrario, los resultados han demostrado el poco o nulo trabajo, lo que repercute en otro trienio o sexenio de rezago”, agrega. 

Ahí radica la importancia de organismos como la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), una entidad que ha intentado sumar voluntades para compartir buenas prácticas y casos de éxito, a fin de que sean replicados y tropicalizados en cada región, pues entender las necesidades y complejidades de cada lugar es el segundo punto.

Como los casos de Jalisco y Yucatán, por mencionar algunos, que son estados en los que se ha podido avanzar en aspectos de renovación de flota, sistemas integrados de transporte y en lo más importante: ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. 

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Es justo aquí donde está la agenda de la AMTM, dado que gran parte de su labor como asociación es dialogar y llevar experiencias y conocimientos técnicos a cada lugar donde estén interesados en sumar esfuerzos y crear sinergias para que todos, autoridades, transportistas y proveedores generen un cambio de mayor impacto. 

Asimismo, promover la migración del hombre-camión hacia el modelo de empresa es una tarea impostergable, pues las ciudades, el mundo, el país, todo ha cambiado y ya no es sostenible seguir haciendo lo mismo que se hacía hace más de 50 años. 

Por último, el directivo confía en que 2024 será un buen año para la movilidad y el transporte público de personas, debido a que la recuperación sigue siendo positiva y cada vez hay más interesados en sumarse a esta coyuntura que sirve a todos. 

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