Esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional (GN) dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), situación que ha encendido el debate cuestionando la inconstitucionalidad de esta decisión, toda vez que se trata de una institución de carácter civil, no militar. No obstante, en el supuesto que este plan se concrete, ¿qué implicaría en la práctica para la seguridad?
El Termómetro TyT indagó entre los transportistas –a través del Twitter @revistatyt– sobre las consecuencias del mando militar al frente de la GN para la seguridad de las carreteras del país.
Así, el 31.5% de los participantes consideró que nada cambiará. Y es que pese al establecimiento de este cuerpo de seguridad hace poco más de tres años, bajo la promesa de reducir los índices de inseguridad, la incidencia delictiva se mantiene en carreteras e incluso el país ha sido catalogado con el riesgo más alto para el transporte de carga, de acuerdo con Sensitech.
De hecho, Rafael Ortiz, Presidente Nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), consideró que con la implementación de la Guardia Nacional, aún quedaron muchos elementos de su antecesora: la Policía Federal, que ya ostentaba una mala fama de extorsionar a los operadores. Además, en su opinión, los militares que llegaron se han dedicado a adoptar estos malos hábitos: “No ha cambiado la actitud de la Guardia Nacional. Hay pruebas de la deshonestidad de esta gente”.
En este sentido, quedaría la duda en el aire si un nuevo mando en la Guardia Nacional ahora sí traería un cambio.
Por otro lado, el 30.9% de los participantes consideró que esta decisión del Ejecutivo federal llevaría a más corrupción. En este sentido, justo López Obrador destacó que la intención de transferir la Guardia Nacional a la SEDENA es una medida para evitar la corrupción, impedir el manejo político del cuerpo de seguridad y garantizar su permanencia.
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El Termómetro TyT también reveló que esta medida implicaría violaciones a los derechos humanos. En respuesta al anuncio del Presidente López Obrador, Amnistía Internacional señaló que México es más peligroso que hace 16 años cuando se decidió que militares salieran a las calles y que con el paso de los años ha habido un alarmante incremento en el número de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica e incluso sexual.
Asimismo, refirieron que los estándares globales de derechos humanos estipulan que las fuerzas armadas sólo pueden ser parte de las tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, subordinada y complementaria a una corporación civil y no militar.
Finalmente, solo el 9.8% de los participantes en el Termómetro TyT consideró que pasar el control de la GN a la SEDENA reducirá el robo a transporte. Si bien las cámaras y asociaciones del sector continúan pidiendo una estrategia que mejore la seguridad en carreteras el país, aún no es claro si esta decisión marque una diferencia.
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