El cambio de administración en México plantea retos significativos para la seguridad del autotransporte de carga, un sector que ha sido duramente golpeado por la delincuencia. Sin embargo, el hecho de que el nuevo gobierno provenga del mismo grupo político que el saliente ofrece la posibilidad de dar continuidad a políticas y programas que han mostrado efectividad, aunque también se requiere de ajustes y mejoras.

Así lo destacaron Verónica Torres Landa, Directora General de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) y Sergio Eduardo Loyola Hidalgo, Presidente de la Comisión de Custodias de la agrupación; durante su participación en el podcast Ruta TyT.

Coincidieron en que uno de los principales desafíos que enfrentará la nueva administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, es la consolidación y perfeccionamiento de programas como LAICA (Línea de Atención Inmediata Contra Asaltos) y el Escalón, dos iniciativas clave que han demostrado ser eficaces en la lucha contra el robo de transporte en carretera.

Aquí puedes escuchar el episodio completo con Verónica Torres Landa y Sergio Loyola:

Torres Landa detalló que si bien estos programas tienen origen en el mandato de Enrique Peña Nieto, han sido fundamentales para reducir los índices de criminalidad en este sector; y consideró como un acierto del gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador el darles continuidad; y espera que la administración de Sheinbaum, que inicia en octubre próximo, también les dé seguimiento.

Asimismo, indicó que las mesas de trabajo entre funcionarios y empresarios seguirán siendo esenciales, ya que estas reuniones han permitido que las autoridades comprendan de primera mano las necesidades y desafíos que enfrentan las empresas.

“Se puede hacer una mesa nacional, o mesas estatales, pero desde el ámbito federal, siempre coordinada para que toda la información les llegue y entonces sí se genere inteligencia; porque si cada estado manda lo que quiere, no va a funcionar”, apuntó la directora de la AMESP.

También señaló que el sector enfrenta incertidumbre con respecto al futuro de la Guardia Nacional, especialmente en caso de que pase a estar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya que si ha sido un actor clave en la seguridad de las carreteras, los expertos señalan que es crucial garantizar que se mantenga la efectividad de este cuerpo en el combate al robo de carga.

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En un punto adicional, mencionó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), junto a la Guardia Nacional, deberían al seguimiento al tema de los paraderos seguros, ya que son muchas las horas que los transportistas pasan en la carretera y requieren de espacios seguros en los cuales parar.

Loyola Hidalgo agregó que no debe olvidarse la Ley General de Seguridad Privada, la cual se empezó a desarrollar en 2019 y aún no ha sido aprobada ni revisada por el Congreso; y que hoy se encuentra obsoleta en varios aspectos, como la inclusión de tecnologías de inteligencia artificial.

La ausencia de una legislación robusta, apuntó, limita la capacidad de las empresas de este sector para ofrecer servicios eficaces y actualizados que puedan contribuir a la seguridad del transporte de carga.

Durante el podcast Ruta TyT, también destacaron la necesidad de reforzar la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, ya que las estrategias de seguridad deben ser tripartitas, involucrando a las comunidades y aprovechando las capacidades y experiencias de las empresas de seguridad privada.

Asimismo, hicieron hincapié en que la capacitación y certificación de los elementos de seguridad, tanto en el ámbito público como en el privado, es otro aspecto que requiere atención, y que puede traducirse en un lenguaje común y en procedimientos estandarizados para mejorar significativamente la respuesta ante situaciones de riesgo.

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Subrayaron la importancia de que las empresas de transporte adopten estrategias proactivas, como la realización de análisis de riesgos, para prevenir incidentes de robo. La falta de estos análisis es un punto débil que aún persiste en muchas empresas, y su implementación podría marcar una gran diferencia en la seguridad del sector.

En dicho espacio, Torres Landa y Loyola Hidalgo mencionaron que el nuevo gobierno tiene ante sí la oportunidad de consolidar y perfeccionar las políticas de seguridad en el transporte de carga, siempre y cuando mantenga una comunicación fluida con el sector y esté dispuesto a adaptarse a las nuevas realidades y tecnologías.

Y, por último, indicaron que el éxito de estas políticas no solo dependerá de la continuidad, sino también de la capacidad de innovar y fortalecer la colaboración entre todos los actores involucrados.

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