La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado instó a los congresos locales de los estados, para que analicen la viabilidad de legislar y expedir una Ley de Movilidad específica para su estado.
Lo anterior, luego de la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual obliga a la federación y a las legislaturas locales a homologar sus marcos regulatorios.
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El punto de acuerdo votado por los senadores pone especial atención a 16 estados en donde aún no existe una legislación en materia de movilidad, la cual ya es un derecho humano.
Se trata de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Patricia Mercado, presidenta de la Comisión, detalló que 15 estados ya están trabajando en dicha legislación, por lo que el exhorto sirve para movilizar también a los Ejecutivos estatales en la materia.
La Ley General de Movilidad, que entró en vigor el pasado 18 de mayo, da un plazo no mayor a 180 días al Congreso de la Unión y las legislaturas estatales para aprobar las reformas necesarias a las Leyes de su competencia, a fin de armonizarlas.
Las nuevas reglas incluyen conceptos básicos sobre movilidad y seguridad vial, como eficiencia, inclusión e igualdad y perspectiva de género.
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Establece la jerarquía de movilidad, la cual debe utilizarse en todo el territorio nacional para la planeación, diseño e implementación de las políticas públicas en la materia.
Adicionalmente, dicta una serie de medidas, normas, políticas y acciones para prevenir siniestros de tránsito, en el apartado de seguridad vial.
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Prevé también la integración de indicadores y bases de datos del parque vehicular de las ciudades del país, licencias expedidas, seguros registrados por vehículos y operadores al servicio del transporte, entre otros puntos.
Esta serie de medidas para garantizar la protección a la vida, la salud e integridad física de las personas usuarias de la vía pública, así como para incrementar la calidad de los servicios de transporte deben ser adoptadas por estados y municipios.
Por ello la relevancia de que los Congresos que no cuentan con una legislación en movilidad comiencen a trabajar para estar en línea con la Ley General.
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