A partir del 1º de septiembre de 2023 ninguna aeronave de carga podrá operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cumpliendo con el decreto presidencial emitido en febrero de este año y que tuvo una prórroga a principios de julio.
Dicho documento precisa que están exceptuados los concesionarios y permisionarios que presten servicios combinados de pasajeros y de carga, siempre que la carga sea transportada en las mismas aeronaves.
Desde la emisión de este decreto, la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) la calificó como una “decisión precipitada” y manifestó que lograr la completa migración de operaciones a otros aeropuertos en el plazo propuesto es inalcanzable y pondría en riesgo la seguridad de la carga aérea en el país.
“La industria requiere un plazo mínimo de 360 días naturales para concretar una adecuada migración, permitiendo que otros aeropuertos y proveedores de servicios logren absorber las nuevas operaciones de carga bajo al menos las mismas condiciones técnicas y operativas que actualmente existen en el AICM”, compartió el organismo.
Al final, solo se logró extender el primer plazo de 108 días hábiles para sacar las operaciones de carga del AICM y sumarle 40 días más, siendo el primer día de septiembre la fecha límite.
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El AIFA toma vuelo
En consecuencia de esta decisión, las distintas compañías tomaron como principal acción mudar sus vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Entre ellas: DHL Express, Estafeta Mexicana, UPS, Lufthansa, Air France/KLM y Emirates SkyCargo, por mencionar algunas.
Esto se ha reflejado en el aumento de este tipo de operaciones en estas instalaciones ubicadas en Zumpango, Estado de México, pues en febrero de este año –cuando se publicó el decreto de cierre de operaciones en el AICM– solo reportaba cinco vuelos de carga y 24,786 kilogramos manejados en el mes.
Para julio, la cifra se había multiplicado a más de 300 operaciones –entre salidas y llegadas– y más de 12 millones de kg.
De acuerdo con información del AIFA, las instalaciones de Santa Lucía tienen una capacidad de manejo de 590,000 toneladas de carga al año.
Además, esta terminal aérea tiene una extensión de 34 hectáreas, con 12 recintos fiscalizados concesionados para el manejo de carga a nivel internacional y tres instalaciones para el manejo de mercancía doméstica.
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Otro aterrizaje forzoso
En la antesala de la fecha límite para sacar las operaciones de carga del AICM, este 31 de agosto, el Gobierno federal publicó una resolución por la que se declara la saturación del aeropuerto, limitando a número máximo de 43 operaciones –entre aterrizajes y despegues– que pueden ser atendidos cada hora.
El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala que análisis elaborados por la Dirección General del AICM y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) se decidió reducir los 52 vuelos que pueden ser atendidos en cada hora en ese aeropuerto.
Las autoridades aclararon que esta medida será temporal y se mantendrá en tanto prevalezcan las condiciones de saturación en el AICM, con lo que se garantizará el cumplimiento de los estándares internacionales de servicio y seguridad para los pasajeros.
Precisa que el aeropuerto capitalino rebasó el número máximo de usuarios que pueden ser atendidos de manera óptima por hora en cada edificio terminal en más de 25 ocasiones en el año y, recalcó, el objetivo de esta reconfiguración permitirá brindar mejor nivel de servicio y atención.
En este sentido, nuevamente la CANAERO externó su preocupación e hizo un llamado a tomar en cuenta las graves afectaciones a la conectividad.
“Las empresas han respetado la capacidad oficial declarada que tiene el AICM (61 operaciones por hora) y a pesar de ello, desde el año pasado colaboraron, tras meses de conversaciones y ajustes, en una reducción temporal acordada a 52 vuelos por hora para facilitar obras que llevarían a cabo las autoridades. Gracias a ello se lograron mejoras operacionales en beneficio de los usuarios”, compartió en un comunicado.
El organismo agregó que una reducción adicional, y además unilateral, afectaría gravemente la planeación de operaciones, implicaría una cancelación masiva de vuelos y pondría al país en una situación desfavorable a nivel internacional.
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