La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) ve en 2023 el año propicio para avanzar en sus objetivos, dos de ellos son: posicionarse como referente en seguridad vial y movilidad y combatir la proliferación de servicios irregulares. Además, la recuperación del sector está de su lado.
En entrevista para TyT, Elim Luviano Heredia, director ejecutivo de la Cámara, externa que el restablecimiento de los aforos permitirá al servicio cerrar este año en niveles de demanda cercanos a la prepandemia, mientras que la recuperación total llegará en el primer trimestre de 2023.
Creemos que para este 2022 vamos a cerrar cercanos a los 3,600 millones de pasajeros, es decir, estamos muy cerca de los volúmenes que se transportaban en 2019 en términos globales del sector”.
En 2019, el autotransporte federal de pasaje y turismo movilizó a 3,749 millones de usuarios, cantidad que cayó en 39% durante 2020, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Estoy convencido de que, en el primer trimestre de 2023, habremos restablecido el número de aforo respecto a la prepandemia y estaríamos seguramente superándolo».
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Referentes en seguridad vial
La Canapat tiene una agenda bien perfilada que ha pulido durante este año. Entre sus ejes principales está desempeñar un papel trascendente en la movilidad y seguridad vial del país.
El primer paso, refiere, es trabajar en mantener los más altos estándares de calidad de seguridad entre sus asociados, lo cual implica el cumplimiento normativo de las condiciones físico-mecánicas, de horas de conducción y descanso, así como capacitación y control de los operadores.
En octubre pasado fue instalado el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, al que la Canapa fue invitada, acción que le ha permitido dar seguimiento, a través de sus delegaciones, a los procesos de armonización de las leyes locales y reglamentos de tránsito, etapa que aún sigue vigente.
Estamos enfocados en la no sobrerregulación y hay un andamiaje robusto para lograrlo. Ponemos mucho énfasis en los congresos locales, con autoridades municipales, en que esto se evite, porque únicamente encarece los servicios y, si no lo evitas, en algún momento lo vas a tener que trasladar al consumidor final”.
Canapat con la mira en la irregularidad
Además del trabajo cercano con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la Cámara mantendrá el enfoque en la cooperación existente con autoridades de la SICT y de la Guardia Nacional.
Ello obedece a que la Canapat tiene entre sus objetivos identificar los mecanismos que permitan reducir el número de unidades irregulares que prestan servicios de transporte de personas.
No se trata de un enfoque en términos de competencia, porque damos la bienvenida, aceptamos y celebramos la competencia, sino porque creemos que el tema de tolerar el transporte irregular es nocivo para la ciudadanía y más en el contexto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”.
Quien fuera titular de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) expone que el fenómeno de la irregularidad en el sector se vio impulsado por la pandemia y los efectos que trajo.
Se calcula que el número de unidades que prestan el servicio irregular duplica e, incluso, triplica en algunas regiones del país a las que lo hacen de manera formal”.
El Director Ejecutivo de Canapat evalúa que hay múltiples incentivos para que las personas incurran en esta práctica, ya que no tienen que invertir en la construcción de una terminal o hacer convenios para su uso, no contratan seguros ni capacitan a su personal, entre otros aspectos que son un riesgo para la seguridad vial.
Reducir delitos a cero
Luviano Heredia sostiene que la seguridad patrimonial es un tema prioritario y permanente en la agenda de la Canapat: “No podemos permitir que la gente, al abordar, se sienta insegura”.
Por ello, añade, han establecido una serie de protocolos encaminados a inhibir los delitos, así como a tener una respuesta inmediata en caso de que se presente algún robo, extorsión, apedreamiento u otro ilícito.
Debo reconocer que la incidencia es mucho menor en comparación con carga, pero mientras esté dentro de nuestro campo y responsabilidad, haremos todo lo posible y estaremos trabajando con las autoridades para tratar de llevar a cero este número”.
De enero a septiembre de este año, la FGR inició 346 carpetas de investigación por robo de unidades de transporte de pasajeros y turismo. Los estados con mayor incidencia son Veracruz y Puebla.
Avanzan con cautela
Si bien existe optimismo en Canapat respecto a la recuperación del sector en 2023, hay factores que podrían frenar su desempeño: la pandemia, la inflación, los costos de operación, la escasez de conductores y el incremento de las tasas de interés.
Entre los riesgos que podría inhibir el desarrollo del transporte, Luviano Heredia ubica en el primer plano a la pandemia y a todos aquellos factores sanitarios que puedan incidir en la demanda y los costos del servicio.
La elevada inflación al consumidor es un indicador que seguirán monitoreando, así como el comportamiento de los precios de los combustibles, en especial el del diésel. En este tema, confía en que el Gobierno federal mantendrá su política de incentivos fiscales.
“Otra variable que hay que ir monitoreando es el aumento de las tasas de interés. En el sector de pasaje y turismo tenemos la obligación de hacer la renovación de la flota.
“Entonces, el tema de la tasa de interés se vuelve un factor importante que puede llegar a encarecer y en su momento facilitar o dificultar los procesos de renovación de la flota”.
A esta actividad le llegó el déficit de operadores. Luviano explica que, con la pandemia y la baja en la operación, los conductores buscaron otras alternativas y ahora se vive el proceso de reintegrarlos, lo cual no ha sido fácil.
Éste es el panorama que comparte la Canapat, en un presente que les arroja un balance positivo. Asimismo, ante cambios de esatutos dentro de la Cámara para tener una mayor participación en la conformación de la política pública.
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