A cuatro días de terminar su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador amplió el decreto para regularizar los vehículos usados importados de manera ilegal, conocidos como “autos chocolate”, para extender su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que con el decreto publicado  el 19 de enero de 2022 y sus posteriores actualizaciones regularizaron un aproximado de 2 millones 559, 256 vehículos.

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Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) lamentó que López Obrador invada con su decisión el mandato de Claudia Sheinbaum al extender el decreto por dos años más.

En este sentido, advirtió que lejos de contribuir a evitar el contrabando, la ilegalidad y la circulación de vehículos sin identificar, la regularización autorizada sin mayores mecanismos de control es un estímulo al contrabando. 

Letra muerta

El organismo, que preside Guillermo Rosales, destacó que el Decreto publicado en enero de 2022 tuvo como requisito para regularizar los vehículos en situación de contrabando, que acreditaran ingresar al país sin las formalidades del procedimiento aduanero hasta el 19 de octubre de 2021.

Asimismo,  estableció que no podrían regularizarse los vehículos que por sus características o aspectos técnicos, esté restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México.

Además quedaron fuera de la autorización para regularizar los vehículos de lujo o deportivos. 

Tampoco serían regularizadas las unidades que no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente. 

También restringió la regularización de los vehículos con reporte de robo o aquellos relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal.

Sin embargo, todos estos requisitos son letra muerta, porque los funcionarios públicos autorizaron la regularización de millones de vehículos con evidencias de faltar a alguna de las especificaciones del decreto.

Ante los incumplimientos de la regulación, AMDA advirtió que se generalizado la corrupción de funcionarios públicos que permiten el ingreso al país del contrabando.

AMDA refirió la participación de las bandas del crimen organizado en todo el proceso de contrabando y venta ilegal de vehículos. “Estos grupos han sido los principales beneficiarios del Decreto del Presidente López Obrador”. 

Riesgo a la seguridad

De acuerdo con AMDA prácticamente todos los vehículos regularizados son siniestrados con reporte de pérdida total en Estados Unidos, por lo que está en riesgo la seguridad de los mexicanos. 

Igualmente preocupa la contaminación ambiental y la saturación de las vialidades en las ciudades de mayor concentración de vehículos regularizados. 

Por otra parte, AMDA refirió la afectación a la economía formal pues mientras el mercado de vehículos nuevos a nivel nacional avanzó en agosto 12.2% respecto a 2023, en Chihuahua, el estado con mayor regularización de vehículos “chocolates”, hay un retroceso en las ventas del 5.6% en el mismo lapso de referencia. 

Lo mismo puede reportarse en Baja California, donde sólo existe un mínimo avance de 2.1 por ciento.

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