La Comisión de Comunicaciones y Transportes aprobó el dictamen que atribuye a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la responsabilidad de establecer las tarifas máximas para los servicios de grúas.
El dictamen propone reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como algunos exhortos a la SICT y diversas autoridades del sector.
En él confluyen propuestas de diputados de las bancadas de Morena, PAN y PRD, para la modificación de los artículos 8, 17, 20, 55, 52 Bis, 55 Bis y 55 Ter de dicha ley.
De acuerdo con el documento, la SICT deberá fijar las tarifas máximas que se podrán cobrar por los servicios de arrastre, y arrastre y salvamento.
En tanto, el tabulador de dichas tarifas autorizadas deberá mostrarse en un lugar visible y previo a la realización del servicio deberá informarse al consumidor el costo del banderazo y el cobro por kilómetro recorrido.
Asimismo, la dependencia tendrá que establecer el mecanismo para la actualización de dichos costos, salvaguardando la calidad, seguridad y competitividad de los mismos.
Así como las sanciones a las que se harán acreedores los concesionarios de estos servicios en caso de no apegarse a lo establecido por la dependencia.
El dictamen señala que las concesiones y permisos se podrán revocar en caso de que los prestadores de los servicios de grúas apliquen tarifas superiores a las señaladas por la Secretaría.
Estas modificaciones legales plantean una serie de medidas para los prestadores de servicios auxiliares al autotransporte federal que estarán sujetos a revocación o suspensión del permiso respectivo, refiere el documento.»
En tanto, las tarifas por maniobras de arrastre y salvamento fuera de la carpeta asfáltica y especiales serán convenidas entre el usuario y el prestador del servicio, con la opción de seleccionar al prestador autorizado que mejor convenga a sus intereses.
Finalmente, el documento señala que el prestador del servicio de grúas está obligado a elaborar un reporte de servicio al concluir las maniobras, cuya copia deberá entregar de manera inmediata al propietario del vehículo.
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Exhortos a autoridades del sector
Los integrantes de la Comisión acreditaron por mayoría, en todos los casos, diez exhortos:
- El primero, dirigido a la SICT, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y a la Guardia Nacional, para hacer efectivo el principio de eficiencia en el uso de carreteras nacionales, de acuerdo con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
- El segundo, exhorta a la SICT para que incremente y concesione el uso efectivo y continúo de las estaciones de control de peso, así como la instalación y uso de nuevas tecnologías para el control de velocidad, peso y dimensiones.
- Un tercero, exhorta a la SICT para que a través de Capufe gestione los trámites necesarios para modernizar las casetas de cobro situadas en el municipio de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
- El cuarto, dirigido a la SICT para capacitar adecuadamente a todos los elementos encargados de monitorear y resguardar la seguridad de los transportistas y particulares en las carreteras y caminos federales.
- El quinto exhorta a la SICT a retirar la estructura física de la caseta de peaje de El Fortín, Veracruz.
- El sexto, de igual forma dirigido a la SICT para implementar campañas de concientización para conductores, para enfatizar los riesgos asociados al uso del celular al conducir, a fin de prevenir accidentes.
- Un séptimo para la SICT y Capufe, para revisar la concesión del cobro de peaje y el estado de la carretera que comunica a los municipios de Nueva Rosita y Allende, en Coahuila.
- Y el octavo y último dirigido al gobierno de Nuevo León para la exención de cuotas y tarifas de pago de peaje en la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey.
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