Rogelio Jiménez Pons, Subsecretario de Transportes de la SICT, señaló que con la llegada de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se tiene una oportunidad para abatir malas prácticas en las carreteras y el autotransporte.
“Hoy en día, las prácticas tradicionales como medicina en el transporte y capacitación están opacadas por grandes procesos de corrupción”, comentó en el evento “Rumbo a la implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”, organizado por la Secretarías de Gobernación (SEGOB) y Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano (SEDATU).
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Durante su participación, señaló que se necesitan generar mejores condiciones con la implementación de las tecnologías, vía la digitalización, que permitan tener mejor control en las carreteras, puertos y aeropuertos: “La digitalización va a ser el principal instrumento de control para todo lo que es corrupción en ciertos niveles”, expuso.
Jiménez Pons reconoció que los operadores y hombres-camión presentan condiciones de salud muy preocupantes, muchos hipertensos y diabéticos, y ante la necesidad de desempeñar su trabajo, a veces consiguen documentos apócrifos que les permite conducir enfermos o en condiciones de estrés.
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“Es aquí donde las reglamentaciones y la aplicación de métodos digitales nos pueden ayudar a tener un mayor control y, sobre todo, preservar la seguridad en nuestras carreteras”, indicó.
De tal manera, señaló, que la reglamentación y normas deberán estar acordes a esta nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que representa un planteamiento sistémico que debe considerar varios aspectos.
El Decreto de la Ley General de Movilidad y Seguridad se publicó el pasado 17 de mayo en el Diario Oficial de la Federación y contempla integrar un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial que deberá emitir la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial en un plazo no mayor a 365 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la Ley.
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Rogelio Jiménez Pons aseguró que existe una gran oportunidad de intervenir y complementar los trabajos de la nueva ley, tomando como base la importancia del autotransporte federal; solo la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) representa 3,000 millones de viajes-hombre o viajes-usuarios al año.
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