La Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU, por sus siglas en inglés) advirtió nuevos riesgos para las cadenas de suministro ante la próxima entrada en vigor de los cambios anunciados en el Plan de Sanciones Civiles para Participantes Clandestinos del gobierno del Reino Unido.
La organización se dijo preocupada por el impacto que estas nuevas sanciones tengan en los transportistas por carretera, tanto operadores como propietarios de camiones, ya que considera que no se consideran las causas reales del traslado de inmigrantes ilegales al Reino Unido, como el crimen organizado y los grupos de trata de personas, vistos como una causa principal detrás del aumento de ingresos clandestinos en los últimos años.
Y advirtió que las reformas a plan de sanciones aumentará los costos de transporte, los riesgos, los retrasos y la inestabilidad de las cadenas de suministro.
Estos cambios son erróneos y no se enfocan en las causas profundas de los ingresos clandestinos».
Raluca Marian, director de Defensa de la Unión Europea de la IRU.
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Detalló que “los enormes aumentos en las sanciones, combinados con la supresión de la presunción de inocencia para los camioneros y los operadores de transporte disuadirán aún más a las empresas de transporte de operar estas rutas de carga cruciales a través del Canal de la Mancha, sin brindar una solución al desafío de la inmigración clandestina».
La IRU expresó su preocupación ya que cada vez más personas intentan ingresar ilegalmente al Reino Unido, incluso escondiéndose a bordo de camiones que transportan mercancías desde el continente europeo, a pesar de los controles exhaustivos y las medidas de seguridad adicionales adoptadas por los operadores de transporte.
Estas medidas, agregó, ya cuestan a las empresas de transporte más de 1,000 millones de libras esterlinas al año.
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El Plan de Sanciones Civiles para Participantes Clandestinos del Reino Unido, que entrará en vigor el 13 de febrero de 2023, plantea que las penas máximas por cada inmigrante clandestino encontrado a bordo se multiplicarán por cinco y se han añadido castigos adicionales por asegurar un vehículo de forma inadecuada.
“Las soluciones deben abordar las causas del problema y no simplemente asumir que las empresas de transporte y los operadores tienen la culpa. Más bien deberíamos alentar a las empresas de transporte por carretera que han invertido en medidas de seguridad adecuadas para sus conductores, vehículos y operaciones”, apuntó el directivo de la IRU.
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