Después de varias horas de discusión, esta madrugada el Senado de la República aprobó en lo particular y en lo general la reforma al Poder Judicial, para que los jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía, entre otros cambios. 

En Xicoténcatl, como sede alterna debido a la irrupción de manifestantes a las instalaciones del Senado de la República, los legisladores aprobaron la reforma al Poder Judicial con 86 votos a favor, de Morena, PT y PVEM; 41 en contra y cero abstenciones. 

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El proyecto de Decreto en materia de reforma al Poder Judicial fue turnado por la Mesa directiva del Senado a los congresos locales, donde esta reforma a la Constitución Política deberá ser aprobada por al menos 17 de esas legislaturas. 

Esta mañana, a pocas horas de la aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado, el Congreso de Oaxaca fue el primero en aprobarla con 41 votos a favor.

Cambios al Poder Judicial 

La reforma constitucional reduce de 11 a nueve ministros y ministras los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como su duración en el cargo de 15 a 12 años.
 
Además, dispone que ninguna persona que haya sido ministro pueda ser electa para un nuevo periodo, que la Presidencia de la SCJN se renueve cada dos años, de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, y que ésta corresponda a quienes alcancen mayor votación.
 
La reforma al Poder Judicial establece un método democrático para la elección de ministros, magistrados y jueces, mediante voto universal, directo y secreto, a través de un procedimiento específico.

Los candidatos a ministros, magistrados y jueces de distrito serán propuestos en partes iguales por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
 
Entre los requisitos para ser electo ministro, además de contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 

Además, se establece un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias específicas relacionadas con el cargo, en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.
 
Además se solicita contar con práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.

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