El Partido Acción Nacional (PAN) denunció al gobierno de Tlaxcala por posibles violaciones de competencias y normatividad federal, por querer concesionar el tramo federal Apizaco-Tlaxcala para el servicio de transporte público colectivo.

En representación del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, la legisladora María Guadalupe Jiménez Zamora presentó un exhorto al gobierno estatal para retirar la Declaratoria de Necesidad Pública que sugiere la creación de una ruta de transporte público en dicha vía.

Dicha declaratoria, emitida el pasado 20 de septiembre a través del Periódico Oficial del Estado, señala que el itinerario fijo de este servicio se instaurará en el tramo carretero Apizaco-Tlaxcala a través de las carreteras federales con ruta 117D y 136, con puntos intermedios.

Al respecto, Jiménez Zamora destacó que incluir tramos de jurisdicción federal, sin un acuerdo previo con la autoridad competente, incurre en la violación de competencias y normatividad federal, que no sólo contravienen la legislación, sino que podrían afectar la seguridad.

Reconocemos la intención de mejorar la movilidad en la entidad, es importante señalar que la regulación de dichas vías es una atribución exclusiva de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)”, manifestó.

En ese sentido, informó que presentó un punto de acuerdo para que el gobierno de Tlaxcala evalúe alternativas viables que respondan adecuadamente a las necesidades de movilidad de la ciudadanía y respete las competencias de cada nivel de gobierno.

Esto, dado que la Declaratoria de Necesidad Pública establece lineamientos como la característica de los vehículos y las condiciones para la emisión de las concesiones, pero cualquier regulación en tramos federales, sin autorización correspondiente, constituye una invasión de competencias.

La diputada subrayó que actuar fuera de la normatividad no sólo compromete el sistema, sino que afecta a los transportistas que dependen de esa ruta para su sustento.

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Respecto al tema, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz anunció que enviará un oficio directo al titular de la SICT para que revise los términos de esta medida y resuelva de acuerdo a la ley.

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