Transportistas de los modos carretero, marítimo y ferroviario instaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la prisión preventiva oficiosa, medida cautelar aplicable para el robo de transporte de carga. 

En un comunicado de prensa, suscrito por distintas cámaras y asociaciones de transporte, advirtieron que eliminar la prisión preventiva oficiosa representará un retroceso en el combate a los delitos. 

Los organismos representantes del sector logístico de este país, consideramos que eliminar esta medida cautelar representará un retroceso en el objetivo de disminuir la comisión de delitos”

Solo beneficiará a las más de 90 mil personas que hoy son sujetos de la prisión preventiva, por la presunta comisión de delitos como narcotráfico, secuestro, feminicidio, entre otros”. 

La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), así como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) consideraron fundamental la permanencia de la prisión preventiva oficiosa. 

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Lo anterior para impedir la sustracción de la justicia de los presuntos delincuentes y eliminar cualquier oportunidad de fuga de los acusados mediante el proceso de puerta giratoria.

Los transportistas añadieron que al mantener privados de la libertad a los presuntos delincuentes, con la prisión preventiva oficiosa, también se protege a las víctimas y a sus familias, además de que se evita la reincidencia del delincuente y la comisión de otros delitos contra la sociedad, entre otros aspectos.

En el comunicado, en que también participan la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) y la Cámara de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) confiaron en que la resolución de los ministros será favorable para la procuración del estado de derecho.

Confiamos en que la resolución que emitan los Ministros de la Corte en próximos días, sentará un precedente positivo para el respeto de las jurisprudencias de los poderes de gobierno y la procuración del Estado de Derecho en este país». 

Estamos ciertos de que el máximo tribunal no cuenta con facultades para reformar la Constitución, siendo responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo respecto a la prisión preventiva oficiosa, concluyeron. 

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